Caprica - la mala historia se repite  
 
 
 
LA MALA HISTORIA SE REPITE Segunda Parte Esta segunda parte se refiere a la mayor malversación de frecuencias de la que se pueda tener registro, al menos, en la Región II (América del Norte, Central y del Sur) donde rigen las políticas establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Todas las frecuencias involucradas en dicha malversación son las que -por Convenio Internacional de Nairobi y Ley Nacional 23.478- corresponden a los servicios abiertos de televisión (TVA) las que fueron irregularmente adjudicadas por nuestros organismos para sistemas de televisión cerrada por codificación (TVC). Ese cuadro de situación (oculto hasta el momento) es lo que ahora promueve la necesidad de dictar medidas como la Resolución 2064 E-2017, por la cual se amenaza con retrotraer las políticas y acciones llevadas a cabo en épocas del último proceso “de facto”, cuando se disponían allanamientos y decomisos de emisoras en cumplimiento del temible Art. 28, de la Ley 22.285, o, ahora, en cumplimiento de los Arts. 116, 117 y 118, de la última Ley de Medios SCA 26.522, con los cuales se triplicó el número de artículos restrictivos en vez de efectuar –previamente- el imprescindible ordenamiento del espectro (Plan Técnico de frecuencias). Es importante poner en conocimiento al conjunto de la sociedad, a fin de demostrar la existencia de otras concentraciones de medios y de frecuencias en manos de muy pocos, y que de ello no se habló nunca y que continúa en silencio porque resulta ser un tremendo dispendio del bien público representado por el “finito” recurso natural radioeléctrico que nos pertenece a todos. Un recurso, “ATRIBUIDO” a los servicios abiertos, directos y gratuitos de RADIODIFUSIÓN (Ítem 2012 – Ley 23.478). "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos como ser el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos utilizados... etc." (Art. 13 - Ley 23.054 - P. de S. J. de Costa Rica) Esta misma garantía sirve para que los licenciatarios no tengan finales abruptos o para evitar que sus emisoras puedan ser "reducidas" en sus potencias, modificados sus fines intrínsecos o sufran la alteración de los canales oportunamente asignados. Existe un precepto del Derecho Romano que dice: "Primero en el tiempo, primero en el derecho", sin embargo, este precepto nunca fue cumplido por nuestras autoridades, toda vez, que obran en los registros cientos de pedidos insatisfechos por causa de la discrecionalidad demostrada por el ente regulador cuando, sin respetar la prelación de los pedidos existentes, se dedicó a la adjudicación –de a montones para cada interesado- de frecuencias para la instalación de sistemas codificados (cerrados), totalmente inadecuados para la banda asignada, o que a posteriori de la recuperación de aquellas el propio Estado se las quedaba para sí o que una importante cantidad de ellas las asignara para las Telco. A todo esto, las distintas administraciones nunca reconocieron la previa existencia de pedidos muy anteriores que continúan “sine die”, en espera. En todo momento, fueron cambiando las reglas, sin mirar para atrás. Tales restricciones, impuestas sin la debida corrección de las anteriores irregularidades, son absolutamente violatorias de las garantías constitucionales y de los principios de libertad de expresión consagrados por nuestro máximo ordenamiento jurídico. Se debe advertir, que cualquier accionar acorde a lo previsto en la Resolución 2064 E-2017, podría desencadenar una verdadera avalancha de demandas judiciales, como ya hubo acontecido en otros años, lo cual, paralizó toda posibilidad de normalización espectral. En los registros oficiales constan 2013 asignaciones y adjudicaciones sobre la Banda de UHF, para sistemas de TV Codificada para abonados, o sea, servicios onerosos de exclusivo interés privado, sobre las frecuencias que “otros como nosotros” podríamos recibir en algún momento servicios de TV Abierta convencional. Últimamente, algunas de ellas, como por ejemplo, los canales 22, 23, 24 y 25 de UHF, fueron recuperados para instalar en ellos la Televisión Abierta Digital (TDA) estatal, y posteriormente, los canales del 52 al 69 (18 frecuencias), recuperados de la irregularidad administrativa para satisfacer la demanda de las empresas de telecomunicaciones. En el próximo envío (Tercera Parte) podremos ver de qué manera prosperó la ejecución de las tareas por las cuales se llegó a instalar el servicio de distribución de la llamada TDA. Edgardo Molo Asesor Técnico Legal Especialista en Radiodifusión Periodista
 
 

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