Caprica - se est entregando nuestra soberana radioelctrica a emisoras extranjera  
 
 
 


¡Éramos pocos y parió la chancha..!, diría mi padre. Y hubiese tenido real motivo para hacerlo viendo lo que se está haciendo desde los organismos del Estado con la administración del -limitado y no renovable- espectro de frecuencias atribuidas a la radiodifusión de televisión (abierta, directa y gratuita, destinada al público en general). Y, en verdad, no es para menos.


La televisión abierta posee un único vínculo para funcionar, y ese vínculo, es el “finito y extinguible” espectro de frecuencias perteneciente a la comunidad. A pesar de ello, nuestras autoridades –salvo las licencias adjudicadas históricamente a los principales canales, capitalinos y provinciales- desde el dictado del Decreto 1151/84, nunca abrieron la posibilidad de acceder a las frecuencias y licencias de televisión para satisfacer los muchos pedidos efectuados por los radiodifusores particulares de nuestro país. El citado decreto, en la realidad de los hechos continúa vigente, habida cuenta, que si bien –después de 25 años de su dictado- se hubo cumplido uno de sus mandatos con la nueva Ley SCA, nunca fue cumplido su segundo y fundamental mandato: la elaboración de un nuevo Plan Técnico Nacional de Frecuencias, a fin de establecer las factibilidades técnicas de asignación, para su sana administración; por lo tanto, nunca en dicho lapso se abrieron los obligados Concursos Públicos para proceder a la adjudicación del mismo servicio de televisión que el decreto había puesto en veda.


Muchos fueron los radiodifusores que durante años quisieron arribar a las frecuencias y licencias del servicio, sin obtener respuestas adecuadas por parte de las autoridades, y mientras se negaba el acceso a pedidos “monocanales”, por otra ventanilla, a ciertas personerías se les asignaba –en cantidades ilimitadas- para servicios de TV Codificada, inadecuada a la banda de UHF. Se repartieron frecuencias –a pesar de la veda vigente- como si fueran caramelos, como tampoco se publicaron en el Boletín Oficial.


O sea, que se le dio frecuencias a la televisión codificada, a las telecomunicaciones, a las universidades nacionales, a la TDA y a la TDT, una sola al Canal 21 de la Iglesia Católica, que luego le quitaron; y menos para la televisión abierta, a la que le correspondían las bandas de VHF y UHF, de radiodifusión.


Y como si todo ese dislate no hubiese sido suficiente para dilapidar nuestro recurso natural radioeléctrico, ya totalmente saturado, recurso al que los argentinos no hemos podido acceder en el pasado, y al que aún –en el presente- no podemos acceder, se lo estamos entregando, por ejemplo, a: France24, RT (Rusia) y a Paraguay TV, señales a las que se les han otorgado lugares específicos dentro de la ya irregular TDA estatal. Espacios que comprometen su estricto cumplimiento a través del tiempo por tratarse de acuerdos internacionales muy difíciles de revertir, cuando en realidad esas señales podrían incorporarse a las grillas privadas de las empresas de cable, como todas las demás que ya existen. Pero, el “aire de todos es otra cosa”, se trata de nuestra soberanía radioeléctrica, y por lo tanto, no puede ni debe ser manejada o negociada por una sola persona, ocasionalmente, funcionaria del Estado; menos aun cuando se sabe que todos los funcionarios de los entes respectivos con incumbencia en la materia, fueron alertados de los serios peligros que corren nuestras futuras comunicaciones si no se hacen algunas inevitables correcciones sobre los aspectos conceptuales, técnicos y legales que deben ser respetados en pos de alcanzar una óptima convergencia y una sólida condición para enfrentar el “apagón analógico” previsto para 2019, sin arbitrariedades de ninguna índole.


Sería interesante saber cómo, cuándo y por qué se toman ciertas medidas que –cada vez más- profundizan la enajenación de nuestro espectro radioeléctrico en detrimento de quienes deberían ser los verdaderos beneficiarios del servicio y que por el contrario generan situaciones irremediables hacia el futuro. Mayor transparencia cuando se trate de "la cosa de todos y del bien común". Eso es todo.

 

Edgardo Molo

Asesor Técnico Legal

Especialista en Radiodifusión

Periodista


 
 

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